LA LLAMADA DE SUSANA A JORGE BARATA

Primero, acerca de la famosa llamada que Susana habría hecho a Barata, ya se tiene el chocolate bien espeso: Susana no lo llamó. El 25 de noviembre del 2017 la Fiscalía argumentaba que esa llamada existía y una consecuencia de ello fue la medida de impedimento de salida del país. Sin embargo, recién a partir de ese momento la Fiscalía pidió el levantamiento del secreto de comunicaciones de Susana. Es curioso porque en una citación previa en el Congreso el 17 de noviembre del mismo año, ella asegura no tener inconveniente en que se escuchen sus comunicaciones personales. Y claro, el 5 de diciembre también de ese año, volvió a hacer el mismo pedido de manera personal ante el fiscal y ante la prensa que la abordó al salir en plena avenida Abancay. Hamilton Castro, quien pidió precisamente el impedimento de salida del país, lo hizo por las declaraciones de Barata de haber recibido esta llamada de su parte. Esta declaración la realizó el directivo de Odebrecht en la Procuraduría Federal brasileña en Bahía el 15 de diciembre del 2016. Hoy, de acuerdo a una de las personas que tuvo acceso al informe de las empresas de telefonía que facilitaron esa información que es Iván Paredes, abogado de la ex alcaldesa, se conoce que no hubo en el período de investigación llamadas del celular de Susana al Brasil.

OTROS TESTIGOS

Vladimir Garreta, dueño de la consultora FX Comunicaciones, declaró ante la Fiscalía peruana que Luis Favre lo llamó para consultarle si podía realizar la campaña publicitaria por el NO a la revocatoria. Él aseguró en ese momento que sostuvo dos o tres reuniones con Susana y eso probaría que ella estuvo involucrada, pero hasta el día de hoy no ha mostrado una sola prueba de ello. También hay otro personaje: Raúl Ribeiro. Este hombre, ex ejecutivo de Odebrecht a la vez, declaró en octubre del 2018 ante el fiscal Germán Juárez que en una reunión entre Barata y José Miguel Castro, ex gerente municipal de Susana, este último habría pedido tres millones para la campaña contra la revocatoria. Bueno, hasta ahora tampoco ha mostrado evidencia de ello, no obstante, menos el que Susana haya participado de ese encuentro.

BARATA EN CURITIBA

Y por último, ayer 23 de abril del 2019, Barata declaró en Curitiba ante los fiscales peruanos Rafael Vela, José Domingo Pérez y Walter Villanueva que efectivamente apoyó económicamente en la campaña por el NO. ¿Alguna novedad? No. ¿Documentó sus palabras? No. ¿Volvió a decir lo que ya había dicho? Sí. Lo he dicho mil veces y lo vuelvo a repetir: que la investigación continúe, pero cambiar una medida judicial que implique prisión por una declaración y no una corroboración sí sería un abuso judicial. 

DIFERENCIAS CON OTROS POLÍTICOS INVOLUCRADOS EN EL CASO LAVA JATO

- Susana tiene arraigo laboral en el Perú: Actualmente trabaja como directora ejecutiva en la ONG Centro para el Desarrollo con Dignidad, ubicado en el Asentamiento Humano La Encantada en el distrito de Villa El Salvador.

- Susana tiene arraigo familiar en el Perú: Tanto sus hermanos como gran parte de su familia radica en Lima metropolitana.

- Susana tiene arraigo domiciliario en el Perú: Susana vive hoy día en el distrito de Lurín al sur de Lima. Vivió en Miraflores hasta hace un tiempo cuando ya la investigación estaba en curso, sin embargo con la autorización del juez pudo cambiar su domicilio.

A Susana le allanaron sus viviendas, le congelaron "sus propiedades" -que en la vida real son de su familia y no de ella- y se le dictó impedimento de salida del país y comparecencia restringida, es decir, debe ir a firmar cada treinta días al Poder Judicial. En ningún momento apeló para que se le revierta alguna de esas medidas, por el contrario, ha acatado y permanece colaborando con la justicia hasta la actualidad.

Hoy dada su condición de investigada y al tener comparecencia restringida, no procede legalmente que se le dicte prisión preliminar, sin embargo sí prisión preventiva. No obstante, para que se le dé esta medida mencionada, ella tendría que haber incumplido con alguna norma de su comparecencia con restricciones, lo cual no se ha dado.

Sin acusación formal no debería haber prisión (salvo obstrucción de la justicia).

*Los datos consignados en el presente texto pueden corroborarse fácilmente en IDL-Reporteros y la unidad de investigación de El Comercio.